24 junio 2021
Accesibilidad, UX Avanzado
La directiva sobre accesibilidad web adoptada en 2016 establece el 23 de septiembre de 2020 como la fecha límite para que todos los sitios web del sector público de la UE sean accesibles para las personas con discapacidad, lo que supone un importante hito para la accesibilidad digital y la participación en la UE.
El 20 de septiembre de 2018 entró en vigor el real decreto 1112/2018, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, que traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/2012.
En el real decreto se establecen como requisitos de accesibilidad a cumplir los indicados en la norma armonizada que la Comisión Europea que publicó el 21 de diciembre de 2018 mediante la decisión de ejecución (UE) 2018/2048.
La primera fecha importante ha llegado pero... ¿hemos hecho las tareas?
Si nos fijamos en el menú principal de algunas webs pertenecientes a órganos públicos, comprobamos que se "rompen" a la hora de aumentar la visión con la lupa. El error no solo lo encontramos en los órganos que transponen la directiva europea, sino también en las instituciones, que también deberían tener su contenido accesible.
Las personas que padecen una discapacidad se encuentran en una situación de abandono por parte de las instituciones desde 1998, ya que estas son las responsables de sancionar según las leyes predecesoras: Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico o el Real Decreto 366/2007, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
A partir del día 23 de septiembre pueden cambiar las cosas, ya que ahora los informes de accesibilidad se enviarán a Europa y pese a no existir sanciones actualmente, se espera que en un futuro estas no se queden en un simple tirón de orejas.
Por eso debemos tener muy presente que aunque este decreto solo afecta a la administración, se prevé que elementos como los cajeros, dispensadores de billetes o cualquier máquina de uso diario deban cumplir normas de accesibilidad más estrictas en los próximos años.
El 20 de septiembre de 2018 entró en vigor el real decreto 1112/2018, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, que traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2016/2012.
En el real decreto se establecen como requisitos de accesibilidad a cumplir los indicados en la norma armonizada que la Comisión Europea que publicó el 21 de diciembre de 2018 mediante la decisión de ejecución (UE) 2018/2048.
La primera fecha importante ha llegado pero... ¿hemos hecho las tareas?
Si nos fijamos en el menú principal de algunas webs pertenecientes a órganos públicos, comprobamos que se "rompen" a la hora de aumentar la visión con la lupa. El error no solo lo encontramos en los órganos que transponen la directiva europea, sino también en las instituciones, que también deberían tener su contenido accesible.
Las personas que padecen una discapacidad se encuentran en una situación de abandono por parte de las instituciones desde 1998, ya que estas son las responsables de sancionar según las leyes predecesoras: Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico o el Real Decreto 366/2007, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
A partir del día 23 de septiembre pueden cambiar las cosas, ya que ahora los informes de accesibilidad se enviarán a Europa y pese a no existir sanciones actualmente, se espera que en un futuro estas no se queden en un simple tirón de orejas.
Por eso debemos tener muy presente que aunque este decreto solo afecta a la administración, se prevé que elementos como los cajeros, dispensadores de billetes o cualquier máquina de uso diario deban cumplir normas de accesibilidad más estrictas en los próximos años.
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