España puede… y debe

El último día del 2020 se aprobó el RD 36/2020 que pretende dar forma a cómo gestionar la inyección monetaria que nos llegará desde Europa para la transformación digital de las administraciones. Bueno, y para la transición ecológica, la cohesión territorial y social, así como a igualdad de género, pero eso, aunque muy relacionada, es otra historia.

Su publicación coincide en fecha con el día que más propósitos de buenas intenciones se hacen, sin embargo, detrás existen millones de razones para considerar que se debe ir más allá de intenciones y convertirse en hechos. Concretamente, detrás existen 140 millones de razones, o de euros, correspondientes a la cantidad de dinero que España puede llegar a recibir desde Europa del fondo de Recuperación Next Generation EU (NGEU).

NGEU, acordado en julio, será el instrumento para mitigar el impacto socioeconómico causado por la covid-19 y cuenta con dos palancas para hacerlo:
 

1. Los fondos React-EU, que representan un 95% del total y operarán como fondos estructurales, aunque con una mayor flexibilidad y agilidad en su ejecución. De hecho, no sustituyen a los fondos ya existentes, como puedan ser los FEDER.
2. El Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia o MRR, que  tiene como finalidad apoyar la inversión y las reformas de los estados europeos para lograr una recuperación sostenible y resiliente, mientras se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la UE.

Los recursos del REACT-EU deberán ser ejecutados en dos años (2021-22) mientras que el 70% de las transferencias no reembolsables concedidas por el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia deberán ser comprometidas por la Comisión Europea en 2021 y 2022. El 30% restante se comprometerá enteramente a finales de 2023 y podrá ejecutarse hasta 2026.

Cada estado miembro puede solicitar financiación de los fondos MRR mediante un plan nacional de recuperación y resiliencia que contenga las políticas, líneas, inversiones… en definitiva, el programa a seguir hasta 2023. La comisión europea, destaca siete ámbitos para optar a los MRR, basándose en su capacidad de mejora y los aportes que puedan suponer para empresas, administraciones y, en general, para la ciudadanía, que son:
 

1. Activación: Puesta en marcha temprana de tecnologías limpias y aceleración del desarrollo y el uso de las energías renovables.
2. Renovación: Mejora de la eficiencia energética de los edificios.
3. Carga y repostaje: Fomento de tecnologías limpias para acelerar el uso de un transporte sostenible, accesible e inteligente.
4. Conexión: Despliegue rápido de servicios de banda ancha rápida en todas las regiones y hogares, incluidas las redes de fibra y 5G.
5. Modernización: Digitalización de la Administración y los servicios públicos.
6. Ampliación: Aumento de las capacidades industriales en materia de datos en la nube y desarrollo de procesadores de última generación y sostenibles.
7. Reciclaje y perfeccionamiento profesionales: Adaptación de los sistemas educativos en apoyo de las competencias digitales y la educación y formación profesional a todas las edades.

España lo hará por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por el Gobierno de España el 7 de octubre de 2020. También conocido como España Puede y focalizado en 4 objetivos (la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social, así como la igualdad de género) que se alcanzarán mediante 10 políticas subdivididas en 30 líneas de acción:



Y para dar forma a este plan de España Puede aparece el RD 36/2020. Está enfocado en la gestión de los fondos y la disminución de la burocracia (por ejemplo, eliminando diligencias, disminuyendo plazos o permitiendo la tramitación de expedientes anticipadamente) como base para conseguir “una Administración para el siglo XXI” que, esperemos, se quede una vez consumidos los fondos. Para ello, se recuperan las agencias estatales como fórmula organizativa “dotada de un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión, que cuenta con mecanismos de control de eficacia, y que promueve una cultura de responsabilización por resultados”.

Además, como palanca principal, aparecen los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, o PERTE, impulsando la colaboración público-privada. Se definen como “aquellos proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española”.

Un PERTE implica subvención y flexibilización en los procesos implicados de contratación, especialmente en la disminución de los requisitos burocráticos. Tanto organismos públicos como empresas privadas, como requisito para participar, han de inscribirse en el registro que gestionará el Ministerio de Hacienda. Los PERTE han de ser proyectos que:
 

• Representen una importante contribución al crecimiento económico.
• Permitan combinar conocimiento, experiencia, recursos financieros y actores económicos.
• Tengan un importante carácter innovador o aporte un importante valor añadido en términos de I+D+i.
• Sea importante cuantitativa o cualitativamente.
• Favorezcan la integración y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.
• Contribuyan de forma concreta, clara e identificable a uno o más objetivos del PRTR (en particular, al MRR).

El seguimiento de los PERTES, y del resto del Plan, se realizará desde una comisión específica en el propio Consejo de Ministros, liderados por el Presidente del Gobierno, apoyados en un comité técnico. Los actores implicados también serán potenciados: además de las colaboraciones público-privadas de los PERTE, los propios trabajadores públicos se verán directamente afectados y así lo recoge el Real Decreto. Además de la capacitación necesaria del personal funcionario contemplada como una de las líneas de acción, la modernización de la administración que deja ver, implica la creación de grupos ad hoc con personas provenientes de diferentes ámbitos que puedan aportar distinto conocimiento/enfoque a proyectos concretos, amén de la creación de nuevos puestos o contratación de personal laboral.

De modo que tenemos ante nosotros la posibilidad de impulsar realmente la administración electrónica, utilizar la experiencia y las bases que nos dejaron, entre otras, la ley 11/2007 o las 39/2015 y 40/2015 y reformular los planes nacidos de la Agenda Digital 2025, aprovechando la inyección de capital que llega desde Europa.

Es un buen propósito de año nuevo optimizar procesos, automatizar el procedimiento administrativo, utilizar la ingente cantidad de datos que manejan las administraciones para inferir, mediante IA, como aumentar la eficiencia y ofrecer un mejor servicio al ciudadano, llegar por fin a todos independientemente de dónde estén y qué dispositivos utilicen, aprovechar el enorme potencial del funcionariado en proyectos motivantes, capacitarlos para lograr los retos que puedan venir y, en definitiva, lograr una Administración moderna, eficiente y atractiva.